¿Quién protege a los expatriados cuando estalla una crisis?

La internacionalización de las empresas españolas ha convertido la seguridad de sus trabajadores desplazados en una cuestión estratégica. Ingenieros, técnicos, directivos, cooperantes, personal sanitario o especialistas de distintos sectores pueden desarrollar su actividad en países sometidos a inestabilidad política, terrorismo, delincuencia organizada, conflictos armados o amenazas híbridas.

Cuando la situación se deteriora, la pregunta deja de ser únicamente si la empresa puede mantener su actividad y pasa a ser otra mucho más delicada: ¿dispone de un sistema capaz de proteger a sus empleados y, llegado el caso, evacuarlos?

La gestión de estos riesgos no debería comenzar cuando estalla una crisis. La referencia internacional más específica es la ISO 31030:2021, que establece orientaciones para que las organizaciones desarrollen programas de gestión de riesgos asociados a los desplazamientos profesionales. El estándar contempla desde la identificación de amenazas y la evaluación del riesgo hasta las medidas de prevención, mitigación y respuesta ante emergencias. Además, considera riesgos que van desde accidentes o problemas sanitarios hasta terrorismo, delincuencia, conflictos, inestabilidad política y amenazas cibernéticas.

En la práctica, esto obliga a superar una concepción tradicional de la seguridad basada exclusivamente en la protección física. La primera herramienta de protección es la inteligencia. Antes de enviar personal a un determinado país o región, la compañía debería conocer la situación política, social y económica, los niveles de criminalidad, la actividad de grupos armados o terroristas, las posibles amenazas contra intereses extranjeros, la seguridad de las rutas, la disponibilidad de asistencia médica y las capacidades reales de evacuación. El riesgo, además, no es estático: puede cambiar en cuestión de horas.

Esta evaluación debe traducirse en decisiones empresariales. No todos los trabajadores necesitan el mismo nivel de protección ni todos los destinos presentan las mismas amenazas. Un ejecutivo que viaje durante 48 horas no afronta necesariamente el mismo riesgo que un técnico destinado durante seis meses a una zona fronteriza. La gestión profesional debe contemplar el perfil del viajero, el destino, el tipo de actividad, las rutas utilizadas, el alojamiento y las condiciones locales.

El segundo elemento es la preparación del propio expatriado. La seguridad no puede descansar exclusivamente en escoltas, vehículos protegidos o sistemas tecnológicos. El trabajador debe saber cómo comportarse ante un control, un atentado, una manifestación violenta, un secuestro, un cierre de fronteras, una interrupción de las comunicaciones o una evacuación. La formación previa y los protocolos de comunicación pueden resultar decisivos cuando las autoridades locales pierden capacidad de respuesta.

España dispone, además, de mecanismos consulares que pueden desempeñar un papel importante en una emergencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda a los viajeros españoles inscribirse en el Registro de Viajeros, precisamente para facilitar su localización y asistencia en situaciones graves, como conflictos armados, atentados o catástrofes. Pero el propio Ministerio subraya que el viajero continúa siendo responsable de actuar con diligencia para evitar situaciones de riesgo.

Esto resulta particularmente relevante para las empresas. La Embajada o el Consulado no sustituyen al sistema de seguridad corporativo. Las autoridades diplomáticas pueden proporcionar asistencia consular dentro de sus competencias, facilitar información y coordinar determinadas actuaciones, pero una compañía con trabajadores en un escenario de riesgo necesita disponer de sus propios procedimientos, contactos, información y capacidad de decisión.

La diferencia se hace especialmente evidente cuando comienza una evacuación. Cerrar una oficina o cancelar un viaje puede ser relativamente sencillo; sacar a varias personas de un país en conflicto puede convertirse en una operación logística compleja. Aeropuertos cerrados, carreteras bloqueadas, fronteras restringidas, falta de combustible, suspensión de vuelos comerciales o deterioro de las comunicaciones pueden convertir una evacuación aparentemente sencilla en una operación de alto riesgo.

Por ello, las compañías que operan en entornos sensibles deberían disponer de planes previamente definidos que establezcan quién toma las decisiones, cómo se localiza a cada empleado, cuáles son los puntos de reunión, qué rutas alternativas existen, qué medios de transporte pueden utilizarse y qué proveedores especializados pueden intervenir. La planificación debe contemplar también escenarios en los que la evacuación aérea no sea posible.

El conflicto de Oriente Medio ha demostrado además que estas cuestiones no pertenecen únicamente al ámbito militar. En 2026, el ICEX puso en marcha medidas específicas para apoyar a empresas españolas afectadas por las alteraciones de la actividad internacional provocadas por el conflicto, incluyendo problemas relacionados con viajes y movilidad empresarial.

La seguridad del expatriado debe entenderse, por tanto, como una responsabilidad compartida entre empresa, trabajador, proveedores especializados y autoridades públicas, con competencias claramente diferenciadas. La compañía tiene que conocer el riesgo y adoptar medidas razonables para proteger a su personal; el empleado debe cumplir los protocolos; los especialistas de seguridad pueden aportar inteligencia, monitorización, protección y capacidad de respuesta; y las autoridades diplomáticas y locales actúan dentro de sus respectivas competencias.

El cambio fundamental es conceptual: la seguridad del expatriado no puede improvisarse cuando comienzan los disparos, se cierra una frontera o se cancela un vuelo. Para entonces, buena parte de las decisiones importantes deberían estar ya tomadas. La verdadera gestión de riesgos consiste precisamente en anticipar escenarios, establecer umbrales de alerta y determinar con antelación cuándo una situación deja de ser asumible.

En un contexto internacional marcado por guerras, rivalidades geopolíticas, terrorismo, delincuencia transnacional, ciberamenazas y crisis cada vez más difíciles de predecir, la protección de los trabajadores desplazados se convierte así en un componente de la resiliencia empresarial. Las compañías que entiendan la seguridad como una función estratégica —y no como un coste añadido— estarán en mejores condiciones para mantener sus operaciones, proteger a sus empleados y reaccionar cuando el entorno deje de ser previsible.

La cuestión ya no es solamente quién puede sacar a un expatriado de una zona de conflicto cuando la crisis ha comenzado. La cuestión verdaderamente estratégica es saber si la empresa ha sido capaz de anticipar esa crisis, reconocer sus primeras señales y preparar la respuesta mucho antes de que llegue el momento de evacuar.